Región concentra menos del 3% de los procedimientos por Ley de Insolvencia y Reemprendimiento en el país

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Una participación bastante menor tiene la Región de Coquimbo en el uso de esta herramienta legal, que a partir de 2014 reemplazó a la antigua Ley de Quiebras, con la intención de mantener la actividad de las unidades económicas –tanto personas individuales como empresas– mientras intentar resolver sus morosidades.

Andrés PennycookUna fracción muy menor del total de procedimientos legales conducidos a lo largo del país en virtud de la Ley 20.720 se han efectuado en la Región de Coquimbo. Según cifras de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), hasta el 30 de abril pasado se contaban 2.343 procedimientos, en sus cuatro distintas variantes: renegociación de persona deudora, liquidación de bienes de persona deudora, reorganización de empresa deudora y liquidación de activos de empresa deudora. De ellas solamente 59 correspondían a nuestra región, esto es, el 2,52% (ver tabla). Una participación baja, que la autoridad correspondiente, el superintendente Andrés Pennycook Castro, espera se refuerce en el futuro próximo.
El personero –abogado, máster en Derecho y doctor en Filosofía con mención en Ciencia Política– encabeza una institución desconocida para muchos, que en la zona cuenta únicamente con dos funcionarios y carece de oficina propia (de hecho, funciona dentro de la sede regional del Instituto de Previsión Social, en La Serena), pero que ha ido ganando figuración debido principalmente a recientes casos de empresas en procesos de reorganización, como las mineras Linderos (comuna de Vicuña) y Dayton (de Andacollo).
“La Ley de Quiebras tenía por objeto la venta ordenada y rápida de los bienes del deudor, para poder pagar a sus acreedores. Lo que hace la nueva ley es tener un paradigma distinto, más bien económico; busca que las empresas y personas que están involucradas en un proceso de insolvencia puedan rápidamente solucionar esta situación, en beneficio de los acreedores y también del mismo deudor. De ahí viene esta palabra, el reemprendimiento”, señala.
No sólo eso; mientras la Ley de Quiebras sólo se aplicaba a empresas, la Ley 20.720 abrió opciones también para las personas individuales.
Pennycook destaca que, lejos de la lógica de las antiguas normas, que irremediablemente judicializaban las situaciones en que una empresa o individuo caían en insolvencia financiera, resolviéndose en largos juicios que –en el caso de las quiebras empresariales– podían extenderse hasta por 15 años, la actual ley permite atender la gran mayoría de estos casos en menos de un año, sin necesidad de detener el funcionamiento de la firma afectada o convertir a una persona deudora en una especie de paria económico y social.
“La insolvencia tiene muchas causas, no siempre son atribuibles a la misma persona del deudor, a veces obedece a fenómenos más globales: accidentes, enfermedades catastróficas, al riesgo asumido en un negocio…”, indica.
Pese a sus bondades, la Ley 20.720 sigue siendo un instrumento poco conocido y con preeminencia de casos acogidos en la Región Metropolitana. Y agrega que, como sucede también en otros ámbitos, hay ciertas desventajas para las firmas pequeñas en comparación con las medianas y grandes: “Como la distinción entre reorganización y liquidación tiene que ver no con una elección tan jurídica, sino económica, que es la viabilidad de la empresa, naturalmente resulta más probable que sea una mediana o gran empresa la que tenga los activos suficientes como para desprenderse de parte de ellos y poder reorganizarse que en el caso de la pequeña y microempresa. En éstas muchas veces no hay una gran cantidad de activos, es más probable que se llegue a la liquidación. Además, hay una serie de gastos asociados en el caso de reorganización, como son el pago del veedor, auditorías, etc.; en el caso de la liquidación, esos gastos son cubiertos por la masa de acreedores, no es la persona del deudor la que tiene que solventar”.

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