Autoridad asegura que ningún acreedor puede ser marginado en reorganizaciones de Linderos y Dayton

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Frente a las dudas de proveedores impagos por parte de ambas compañías mineras, la coordinadora regional de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), Marcela Poblete, explica que la ley les garantiza ser incorporados en los planes de pago de pasivos, mas no un plazo específico o si recibirán el total de lo adeudado.

Según Marcela Poblete, desde la entrada en vigencia de la Ley 20.720, en octubre de 2014, sólo cuatro empresas se han acogido a la figura legal de reorganización: dos mineras, una agrícola y una del rubro comercio.

Según Marcela Poblete, desde la entrada en vigencia de la Ley 20.720, en octubre de 2014, sólo cuatro empresas se han acogido a la figura legal de reorganización: dos mineras, una agrícola y una del rubro comercio.

Todos los acreedores de una empresa en proceso legal de reorganización, por pequeña que sea su deuda, deben ser considerados a la hora del pago de pasivos. Pero el plazo que ello demore y si podrán recuperar el total de la deuda o solamente una fracción de ella, son cuestiones que se resuelven caso a caso, dependiendo del acuerdo que aprueben los propios acreedores.
Así se desprende de las palabras de Marcela Poblete Pizarro, coordinadora regional de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), quien en conversación con Semanario Tiempo abordó los casos recientes de las mineras Linderos y Dayton, ambas acogidas a procesos de reorganización –formalmente hablando, “Convenio Judicial Preventivo”–, los cuales preocupan tanto a sus propietarios, inversionistas y trabajadores como a decenas de empresas proveedoras.
En el caso de Linderos, sus propietarios están ejecutando el acuerdo de reorganización al cual llegaron con su junta de acreedores, lo que ha permitido mantener funcionando a la empresa, en espera de licitarla a un tercero, y establecer las reglas para la cancelación del pasivo. La idea es que, sosteniendo la operación de la mina, se podrá obtener un mejor precio de venta que si hubiera cerrado.
Dayton, en cambio, se acogió mucho más recientemente a esta vía jurídica, teniendo fijada para el 6 de junio su reunión de acreedores, en donde deberá definirse el modo de dar continuidad a la compañía y el plan de pago de sus deudas. Tal fecha podría ser postergada hasta por 60 días.
Según la personera, la Ley 20.720, que sustituyó el antiguo régimen concursal por un procedimiento de reorganización y liquidación de empresas y personas, junto con perfeccionar el rol de la superintendencia del ramo, asegura que ningún acreedor quede fuera del proceso de pagos, incluso si no ha acreditado su acreencia ante un tribunal. Tajantemente, asegura que la marginación de un acreedor es imposible.
“Eso no es posible. El procedimiento en que están Dayton y Linderos jurídicamente es el mismo para poder llegar a un acuerdo. Ese acuerdo necesariamente no va a ser igual, porque cada uno se va a sujetar a las condiciones que la empresa tenga. Las etapas procesales son las mismas, ambas deben tener un veedor que intervenga la empresa y ambos acuerdos se votan en una junta de acreedores”, indica Poblete.
¿QUIÉNES INTEGRAN LA JUNTA DE ACREEDORES?
La profesional, sin embargo, subraya que la acreditación judicial de las deudas es condición necesaria para participar en dicha junta: “En la reorganización, los créditos que se hacen presentes en el tribunal son para efectos de participar en la votación del acuerdo. Cada voto vale lo que le deben a uno; si a un acreedor le deben el equivalente a un 1% (del pasivo total de la empresa), vota por ese porcentaje”.
Este precepto opera sólo para efectos de votar en la junta. La ley quitó trabas jurídicas anteriores, de modo que se pague “a todas las personas que están en la contabilidad o que pudieran acreditar, con un documento fehaciente, que son acreedores. El problema es que deberán asumir el modo de pago que defina el acuerdo, les guste o no. Cuando ya se aprobó un acuerdo de reorganización, todos los acreedores deben pagarse de conformidad a él, y el artículo 91 (de la Ley 20.720) así lo señala”.
Hipotéticamente, un acuerdo podría establecer que a cada acreedor se le pague sólo una fracción de la deuda, en caso que el grado de insolvencia fuera tal que resultara imposible afrontar todos los compromisos financieros en un 100%. “La ley permite que uno pueda reestructurar sus pasivos, como que pueda dar distintas forma de pago, pero no pone limitaciones en eso; los limites los pone la negociación”, asegura.
Otro aspecto que sí se regula expresamente es la “prelación de crédito”, un orden legal para el pago de créditos cuando existe discrepancia. Ya sea que la empresa sea vendida o se opte por otra fórmula –por ejemplo, incorporar nuevos inversionistas–, quienes primero reciben sus pagos son los trabajadores con deudas salariales o previsionales, a los cuales se les debe entregar la totalidad de lo adeudado. Luego van los titulares de deudas garantizadas mediante hipotecas o prendas (básicamente, los bancos) y finalmente, los acreedores valistas (proveedores y prestadores de servicios).
El procedimiento legal establece la creación de una Comisión de Acreedores, elegida por la junta, la cual supervigila el cumplimiento del acuerdo. “Casi siempre son los acreedores más grandes, porque son a los que les deben más plata y son los que están más preocupados de que les paguen”, explica Poblete.

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