Director de Serviu interpone primera demanda por casas sociales mal utilizadas
Acción legal contra p15 personas, pertenecientes al complejo habitacional “Tongoy Naciente” de Tongoy busca que restituyan al estado las 373 UF (más de 8,5 millones de pesos) que se les entregó para que accediesen a la propiedad.
La denuncia la realizó el seremi de Vivienda, Francisco Herman, hace diez días, cuando difundió los resultados de un catastro efectuado a un universo de 1.000 casas sociales entregadas por el Estado.
La investigación arrojó que un 25% de esas viviendas fueron mal utilizadas, con lo cual las autoridades del sector activaron un plan de contingencia para recuperar al menos una parte de los recursos entregados a «falsos pobres», como señaló Herman.
Por ello, el director regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), Osvaldo Pacheco Pla, en compañía de la jefe del Departamento Jurídico, Verónica Ibacache, y la abogada de la entidad, Gladys Nayem, presentaron 17 demandas contra personas que han usado indebidamente las viviendas entregadas con dineros fiscales, todas ellas en el Segundo Juzgado de Letras de Coquimbo.
Estas demandas están acotadas específicamente al conjunto «Tongoy Naciente» de Coquimbo, donde se detectaron 17 casas abandonadas, lo que contraviene lo estipulado en las escrituras entregadas en 2009 y que dan cuenta de la imposibilidad de no habitar la propiedad.
«Lo que buscamos es que se restituyan los recursos públicos mal utilizados, pues ese dinero es de todos los chilenos y no vamos a aceptar que personas inescrupulosas hagan un uso inadecuado», aseveró el director de Serviu, Osvaldo Pacheco.
En caso de que la justicia acoja esta solicitud de Serviu, los 17 involucrados en el mal uso de viviendas de Tongoy devolverían 373 UF cada uno, o sea, más de 8,5 millones de pesos.
En total, el Estado por estas acciones recibiría más de $145 millones. «Cuando el Estado ayuda a salir de una condición de vulnerabilidad a familias carenciadas, éstas tienen derechos como utilizar apropiadamente el bien que se les entregó y eso impide abandonar o arrendar la vivienda a terceros», indicó el seremi de Vivienda y Urbanismo, Fernando Herman.
En lo que va del año se han catastrado alrededor de 1.000 viviendas, de las que más de 240 presentan irregularidades en su habitabilidad. «El compromiso que asumimos como Gobierno fue preocuparnos de reducir la brecha habitacional, pero también evitar que se siguiesen ocupando erradamente los recursos públicos, cuya tasa alcanza un 25%. Por ello creamos una Unidad de Fiscalización en Serviu, de manera que encienda las luces de alerta cuando se detecten casos como los que hoy estamos denunciando», acotó Pacheco.
Durante las próximas semanas se presentarán nuevas acciones legales contra quienes se compruebe un uso inadecuado de las propiedades adquiridas con fondos públicos en el resto de las comunas de la región.
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